img
img
img
PRENSA

NOVEDADES
imagen
CAMIMA solicitó al Gobierno revisar el sistema de juicios laborales, para frenar la “industria del juicio”

Ammaturo coincidió con el presidente Mauricio Macri respecto de la necesidad de terminar con la “industria de los juicios laborales”, al señalar que “es necesario enfrentar con urgencia la mafia de la litigiosidad judicial vinculada a las contingencias laborales, porque destruye la generación de empleo al tiempo que erosiona a las pymes en general y a las industriales, en particular”.
En este contexto, pidió al Presidente “un respaldo específico para frenar este avance, que permita revisar  un sistema legislativo y judicial que fue desnaturalizando los objetivos para los que fue instaurado, dando lugar a una ‘industria del juicio’ que pone en jaque a un gran número de pequeñas y medianas empresas, sector productivo que emplea a más del 70 por ciento de los trabajadores del país”.
“Las mafias de los juicios laborales están formadas por grupos de abogados y jueces inescrupulosos, que muchas veces están apañadas desde el Estado”, cuestionó el presidente de CAMIMA y remarcó que “son mayormente abogados y peritos los que se quedan con el gran negocio del juicio”. “En el Fuero Laboral, el Poder Judicial es marcadamente pro trabajador, permitiendo demandas con ausencia de pruebas o avalando sentencias que perjudican abiertamente a las pymes, generando una gran incertidumbre en las relaciones laborales”, explicó.
“Reducir la litigiosidad y los altos costos derivados, es extremadamente urgente en un contexto complicado para nuestra industria y en vista al futuro laboral de miles de trabajadores, debemos de recuperar la competitividad de la industria y generar nuevo empleo, deben reducirse los costos laborales sin afectar el salario de los trabajadores”.
“La industria del juicio decididamente no favorece a los trabajadores; avanza generando una pérdida de competitividad por el aumento de costos; sumando informalidad al sector y reduciendo la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo ante el temor de demandas injustificadas, que en muchos casos lleva al colapso o cierre definitivo de las pymes”, concluyó Ammaturo.